Intendente Volta ante anuncios en materia de democracia y transparencia: “Presidenta Bachelet apunta al desarrollo, democracia, paz social, reconstruyendo la confianza en nuestra vida pública”

Publicado el 07/05/2015

Destacó  las iniciativas a implementar que  transparentarán completamente el financiamiento de la política, eliminando los aportes anónimos y reservados, y las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo.

El transparentar completamente el financiamiento de la política y eliminar los aportes anónimos y reservados, y que las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo, donde la transgresión de estas normas será considerada delito, es a juicio del Intendente Volta, el inicio del proceso liderado por la Presidenta Bachelet para que Chile tenga desarrollo, democracia, paz social, recobrando las confianzas en la vida pública.

Comentó que será el Estado el que financie el trabajo de los partidos. Para eso tendrán que cumplir con exigencias y controles claros. Tendrán que reinscribir a todos sus militantes para sincerar los registros; tendrán que ser democráticos en su interior, tener contabilidad transparente y fiscalizada, dar espacio a nuevos líderes. Ésta es una inversión necesaria para tener una mejor vida pública y mayor participación ciudadana.

Se fortalecerá el Servicio Electoral y el Tribunal Calificador de Elecciones, para que sean más autónomos y tengan reales capacidades de fiscalización y sanción para hacer respetar la ley. Daremos autonomía constitucional al Servel. Se regulara el financiamiento de las campañas electorales. Se reducirá el gasto. Sólo podrá hacerse propaganda en zonas delimitadas y serán delito de cohecho los regalos de campaña y el pago de cuentas.

Importante es también que aquellos representantes elegidos que vulneren la confianza pública, no podrán representar cargos de elección popular y perderán sus escaños.

Se fortalecerá la calidad, integridad y transparencia de los que trabajan en el servicio público. Se ampliará el rango de aplicación del Sistema de Alta Dirección Pública para trabajar en el Estado, para que los que lleguen ahí lo hagan por mérito y vocación..

La seremi de Gobierno Stefanía Carvajal destacó el hecho de aumentar las exigencias y la fiscalización en el uso de los recursos públicos en el Ejecutivo y en los municipios, regulando también de manera más precisa a aquellos que prestan servicios al Estado. 
Valoró el anuncio de la Presidenta Bachelet de superar los vacíos de la ley actual para asegurar sanciones efectivas a la facilitación y aprovechamiento de facturas y boletas ideológicamente falsas.

Tipificar y sancionar el delito de corrupción entre particulares, tal como los pagos indebidos para obtener negocios.

Regular y fiscalizar de manera estricta la relación entre la política y los negocios.

Ampliar y reforzar las inhabilidades e incompatibilidades para ingresar a la función pública..

Regular la “puerta giratoria” entre empresas y el servicio público, para impedir que autoridades y ejecutivos circulen sin límites entre ellas.

Establecer un registro público obligatorio de lobistas, para que todos sepamos quiénes representan intereses del mundo privado ante los que toman decisiones en el mundo público.

Ampliar significativamente la aplicación y el detalle de las declaraciones de bienes, intereses y patrimonio de los servidores del Estado.

MEJORES LEYES

Ambos apuntaron al objetivo de tener mejores leyes y sistemas de fiscalización y sanciones efectivos para que la ley se cumpla realmente y no haya impunidad para nadie.

Mantener la suma urgencia a la creación de la Fiscalía de Alta Complejidad y al proyecto de modernización del Ministerio Público.

Enfatizan lo señalado por la Presidenta Bachelet: “Debemos ser una sociedad del respeto mutuo, de la confianza, del sentido de justicia. Esa es la transformación más importante que debemos emprender. Y actuaremos decididamente en este ámbito”.

Están de acuerdo con  una ciudadanía consciente y vigilante, con el rol del  Defensor Ciudadano, que se encargará de promover y defender los derechos de las personas, frente a los actos arbitrarios del Estado.

También reconocen el calendario exigente para las medidas administrativas, un plazo de quince días para dictarlas y para los proyectos de ley, un plazo máximo de 45 días para su ingreso al Parlamento.