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Gobernador y parlamentarios se reúnen para promover postergación de la ley sobre desmunicipalización de la educación pública
Dirigentas aseguran que normativa perjudica la calidad de la educación y pone en riesgo la fuente laboral de técnicos y profesionales.
De manera urgente el Gobernador Regional, Ricardo Díaz Cortés, las diputadas, Marcela Hernando, Catalina Pérez y el senador, Pedro Araya, se reunieron con representantes de diversos gremios pertenecientes a la educación pública local. En la instancia, se analizó en detalle la implementación de los servicios locales de la educación, enmarcados en el proceso de desmuniciplaización, y las principales dificultades que ha presentado su ejecución en diferentes comunas del país.
A juicio del gobernador se trata de un buen proyecto con una mala implementación. "Desde el gobierno regional y el Consejo Regional hemos destacado la labor que han realizado nuestros alcaldes quienes están muy preocupados por este proyecto, por lo mismo, necesitamos aplazar esta implementación para mejorar su desarrollo, y así, evitar eventuales despidos que aumente las desigualdad en la educación y la posible pérdida de la educación para niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales".
Díaz también agregó que "pronto tendremos una reunión con los gobernadores de la macro zona norte a fin de discutir las problemáticas que han ocasionados los consejos en sus respectivos territorios, para luego aunar fuerzas, y junto con los parlamentarios, expresar con firmeza nuestro clamor directamente al ministerio de educación", destacó.
Parlamentarios
La diputada, Marcela Hernando, comentó que desde la Cámara Baja llevan bastante tiempo insistiendo en la postergación y, sobre todo, en la revisión de la iniciativa y la evaluación de lo que ha sido su implementación en los lugares donde ha partido. "Mi impresión es que ninguno de los servicios está funcionando como debería. Además, esta es una reforma tremenda que no debería aplicarse a costa de la inestabilidad laboral, por esta razón, no estamos contentos con la forma de implementación, y no queremos que esto ocurra en nuestra región", puntualizó.
Por su parte el senador, Pedro Araya, indicó que "estamos todos consientes que había que hacer cambios a nuestro sistema educativo municipal que ya no da para más, sin embargo, cuando se firmó esta ley se estipuló que su ejecución debía ser paulatina en el tiempo, a objeto de ver cómo se iban desarrollando, pero, finalmente se aplicaron los servicios locales de la educación, por ejemplo, en Chinchorro con muchos problemas y no queremos que eso se replique en nuestra zona".
Araya además agregó que "los senadores de oposición, que integran la comisión de educación, le ha hecho ver al ministro Figueroa la necesidad de revisar lo que está ocurriendo con la ley de desmunicipalización para aplicar una prórroga de la ley, pero hasta ahora, hemos tenido un gobierno bastante sordo ante la problemática que se ha presentado", estimó.
Gremios
Ivette Gareca, presidenta (s) del sindicato de profesores y profesionales de la educación fue clara en señalar que "desde que se discutió esta iniciativa se pudo detectar que atentaba contra las organizaciones sindicales y en contra las unidades educativas, especialmente, por falta de conocimiento de los diferentes contextos. Por otra parte, acá la educación diferencial es fundamental por la alta demanda, incluso tenemos operativo un gimnasio terapéutico, instancias que están en riesgo de desaparecer, así que, esperamos que la implementación sea reformulada a la brevedad", destacó.
Finalmente, la presidenta de del sindicato de trabajadores/as de casa central de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS), Jessica Aguila, señaló que "el gobierno no ha tenido la voluntad política para revisar y discutir los procesos, está empecinado en implementar la ley 21.040 así como está, incluso Contraloría se pronunció respecto a la deficiente gestión administrativa de los servicios locales de educación. Pedimos mejoras y hasta ahora nada ha ocurrido, mientras, seguimos ante una inminente masacre laboral que afecta a las plantas docentes, asistentes de la educación y funcionarias de jardines infantiles. Esto es importante que la comunidad lo sepa", aseguró la dirigente.